SANTO DOMINGO.- A pesar de que la República Dominicana está entre los países más seguros de la región, según la base de datos de InSight Crime del 2023, cinco millones de dominicanos adultos (66.5%) perciben la delincuencia como el principal problema que les afecta.
Así lo destaca el informe «La Seguridad Privada en República Dominicana: Creando Valor Público y Privado», presentado por la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adosan).
El estudio destaca que la incidencia de robos con violencia es de 5.4%, de los cuales 64 % es realizado con armas de fuego y el 25 % no denuncia porque no confía en la eficiencia de las autoridades.
El documento indica que únicamente el 30 % de los robos son denunciados. De quienes denuncian, el 76 % se declara insatisfecho con la labor de las autoridades competentes. Mientras que solo 22% se siente satisfecho con el servicio.
Después de la pandemia, cuatro de cada diez personas se sienten más inseguras en sus hogares que en años anteriores.
Es por ello que para muchos dominicanos, las soluciones más comunes son cámaras y alarmas. Así como contratar vigilantes privados es menos común debido a los costos asociados.
Robos a la vivienda
Con una tasa del 6.7 % de personas que han sido víctimas de este delito en sus hogares, siendo Enriquillo (6.7 %) y Faldas (6.0 %), las regiones con mayor incidencia. Mientras que las de menores casos son: El Valle (4.0 %) y Cibao Norte (4.9 %).
Uso de armas durante el robo:
- 71 % de los casos involucraron armas de fuego.
- 21 % involucraron cuchillos.
- 7 % de los robos se cometieron sin portar armas.
- Otros detalles como «No sabe», «Objeto contundente» y «Otra» representan porcentajes mínimos (6 %, 1% y 1%, respectivamente).
Resultados del robo:
- En 79 % de los casos, se confirmó que sí se robaron bienes.
- En el 21 % de los casos, no se reportó el robo de algo específico.
Para la elaboración de este informe, Adosan se auxilió de la Analítica con datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2022).
Urge una le que regule el sector
El presidente de Adosan, Ad Corambre, señaló que urge una ley que regule el sector de seguridad para fiscalizar la creciente informalidad, lo que el gremio considera como una competencia desleal.
Dijo que hay muchas empresas que no cumplen con la regulación establecida, representando un riesgo para la población, pues no ofrecen el personal capacitado para la labor de seguridad.
«Hay una superintendencia de seguridad y vigilancia creada mediante decreto hace 20 años y adolece de condiciones para que la entidad pueda realizar sus funciones de manera efectiva», enfatizó.
Las compañías no reguladas, que -según dijo- aumentaron en un 54 % desde 2019, representan un desafío para la formalización del sector. Si bien han ganado participación de mercado, su menor inversión en depuración de personal y equipamiento pone en riesgo la calidad del servicio.
«Dos de cada tres empleados de seguridad, es informal. Los empleados de la Sociedad son capacitados en manejo de armas, se imparten talleres y evaluaciones médicas y de salud mental», indicó Corambre.
Aporte al PIB
La seguridad privada experimentó un crecimiento promedio anual del 9.2 % en los últimos cinco años, consolidándose como un sector dinámico y de relevancia económica.
Según el estudio de la Adesinc, este sector aportó un 0.32 % al Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, lo que equivale a 21,705 millones de pesos.
Empleos
La investigación señala que el sector emplea a 62,000 personas, de las cuales el 60 % ocupa puestos formales, lo que evidencia un alto nivel de estabilidad laboral en comparación con otros sectores de la economía. Con salarios promedio de 27,075 pesos mensuales, la seguridad privada ofrece remuneraciones equipararlas a las del sector público, «destacando su impacto positivo en la calidad de vida de sus trabajadores». Además, la asociación indica que el peso laboral dentro del PIB del sector es del 67.2 %, «muy por encima del promedio nacional de 28.7 %, lo que demuestra su alto nivel de contribución económica».
Los servicios que ofrecen las empresas de seguridad privadas abarcan desde vigilancia y patrullaje hasta la instalación de sistemas de alarmas y cámaras de seguridad. Este amplio portafolio permite que sectores como el financiero, el comercio y la construcción dependan cada vez más de la protección privada para resguardar sus bienes y personal con eficiencia.
El impacto social del sector es igualmente relevante. Los empleados de seguridad privada son, en su mayoría, jefes de hogar y un nivel educativo bajo. Sin embargo, Adosan señala que el sector ofrece «oportunidades únicas de empleo formal, contribuyendo significativamente a la inclusión económica».
La asociación destacó que otro aspecto revuelvan es el aumento en las remuneraciones reales de los empleados, que han mejorado su poder adquisitivo. Esto se ha logrado gracias a la profesionalización de las empresas afiliadas a Adosan, que han priorizada la estabilidad y el bienestar de sus empleados.
CARMELI CLEMENTE
